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La Asamblea Nacional constituyente (ANC) aprobó este martes una nueva ley llamada Ley “Contra la guerra económica” que, según detalla sus líneas, busca la regulación de contrataciones públicas y de esta manera favorecer a las pequeñas y medianas empresas del país

En su artículo 1 señala que la Ley Contra la Guerra Económica “tiene por objeto el establecimiento de normas básicas de conducta para la administración pública en todos sus niveles que promuevan la honestidad, participación, celeridad, eficiencia y transparencia en los procesos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras públicas”.

Según se explica la Asamblea oficialista, este nuevo marco legal -presentado ante la ANC por el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez,- persigue facilitar “los mecanismos de control de procesos” relacionados con las contrataciones públicas.

Asimismo, la ley, compuesta por 20 artículos y tres disposiciones transitorias, habla de “estimular la participación equilibrada de todos los agentes económicos en la inversión y justa distribución de recursos destinados a las compras públicas”.

Con esta nueva norma en contra de la Guerra Economica, se crea un registro único de contratación pública que será regulado por el Ejecutivo Nacional a través de la ANC  así como una “unidad de determinación objetiva y simple aplicación aritmética” que llevará por nombre Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral máximo y mínimo (UCAU), cuyo valor será determinado por el Ejecutivo.

La UCAU “será utilizada como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde a los umbrales máximos y mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad en los procesos de contratación pública”, detalla el texto en el artículo 6.

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La ley además contempla sancionar con inhabilitaciones a los contratistas que presenten información falsa para obtener acuerdos o contratos, y remarca que este marco legal será aplicado “de forma preferente por la administración pública nacional, estatal y municipal”.

Además asegura favorecer al “valor agregado nacional” y al “talento humano nacional”, con lo que serían beneficiadas con las ofertas referentes a materia prima o activos fijos en la obra de origen nacional” y las empresas que posean su domicilio principal en el país.

El nuevo esquema de contratación “no afectará convenios de cooperación, acuerdos y contratos internacionales válidamente suscritos” por Venezuela, y entrará en vigencia en los próximos días, apenas sea publicado en la Gaceta Oficial del país.

Por su parte la vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, consideró que esta ley es “de avanzadas” y está en sintonía con el “modelo económico pos rentista” que, aseguró, está “cumpliendo” la Revolución Bolivariana que lidera Nicolás Maduro.

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