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La gobernadora del estado Tachira, Laidy Gomez, este domingo hizo llamado de atención a los gobiernos de Colombia y Venezuela a flexibilizar las medidas migratorias para facilitar el paso de personas y el puente Simon Bolivar no colapse.

“Tenemos personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas que están siendo sometidos a condiciones precarias. Nuestro personal de Protección Civil está allí trabajando y colaborando con la asistencia ciudadana, (…) hacemos el llamado a las autoridades para que se pueda simplificar los trámites y se pueda generar fluidez en la movilidad”, expuso la gobernadora, según reseñó una nota de prensa.

De acuerdo a la situación presentada en la frontera recientemente, Protección Civil, organismo de seguridad adscrito a la gobernación del Táchira, se encuentra desplegado en el marco del asueto de carnaval en todos los puntos del estado andino, pero particularmente en los puentes internacionales de San Antonio y Ureña para atender cualquier inconveniente o solicitud que requieran los viajeros que cruzan al vecino país.

Por su parte, un funcionario perteneciente a Protección Civil, Engler Montoya, indicó que están divididos en dos grupos  y cuentan con personal médico para atender cualquier caso que se presente en los puntos álgidos de frontera tachirense.

“Las personas buscan ayuda para poder movilizarse entre nuestros países, pero deben saber que la hidratación y alimentación es fundamental en este punto”, dijo Montoya.

Cabe destacar que la avalancha migratoria que se ha precipitado desde Venezuela –sobre todo por los tres puentes internacionales en Norte de Santander, donde se estiman cruzan diariamente unas 35.000 personas- han llevado a varias ciudades de Colombia una problemática que se creía exclusivamente fronteriza.

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No cabe duda que Cúcuta y Villa del Rosario son las entidades más afectadas por el éxodo. Sus calles están llenas de venezolanos, que se ganan unos pesos como vendedores ambulantes de dulces, gaseosas y hasta electrodomésticos que pasan ocultos en maletas.

Durante meses, el barrio Sevilla de Cúcuta albergó un sitio al que llamaron “Hotel Caracas”, un refugio improvisado en el que vivían 616 venezolanos. La existencia de ese campamento –desalojado el pasado 24 de enero por la Policía– fue la evidencia de que la migración venezolana había llegado a límites insostenibles. Una crisis que desbordó ya el calificativo de fronteriza.

Según cifras de Migracion Colombia, en Bucaramanga, hay unos 35.000 venezolanos, 25.000 de ellos ilegales. Muchos han buscado el abrigo en los andenes, compartiendo con los más de 2.000 habitantes de calle.

Se los puede ver también, ante los operativos de las autoridades para controlar el espacio público, deambulando con maletas, sábanas, plásticos y cartones en parques como García Rovira, Turbay y Los Niños. Los que tienen con qué pagan los cinco mil pesos que cuesta pasar una noche en residencias del sector de Quebradaseca, establecimientos que se caracterizan por sus pésimas condiciones locativas y de salubridad.

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